MADRID.
En condiciones especiales y con carácter excepcional, el juez que
resuelva un divorcio podrá dictar la custodia compartida de los
hijos si los cónyuges no llegan a un acuerdo. Así lo ha decidido la
ponencia de la Comisión del Congreso de los Diputados que tramita la
reforma de la Ley del Divorcio, tras aprobar una de las enmiendas
presentadas por el Grupo Socialista.
En el proyecto de ley
remitido por el Gobierno se preveía que, además de por acuerdo entre
las partes, a instancia de uno de los dos cónyuges, el juez pueda
decidir la custodia compartida si consideraba que era lo mejor para
el niño. Ahora, la principal novedad es que la custodia compartida
será de mutuo acuerdo con carácter general. En caso contrario, la
última decisión la tendrá el juez.
Oposición del
PP
El diputado socialista Julio Villarrubia explicó
que se trata de «abrir una pequeña puerta» para superar los
desacuerdos. Aseguró que la decisión judicial se hará valer siempre
que haya un informe favorable del ministerio fiscal y que el juez
fundamente «que sólo de esa manera queda protegido el interés
superior del menor». El Partido Popular ya ha manifestado su
oposición a la medida y advirtió que se limitará apoyar la custodia
compartida en caso de mutuo acuerdo.
Con el apoyo de todos
los grupos políticos sí salió adelante una enmienda que elimina la
obligación de que los hijos de 12 años o más deban comparecer ante
el juez en procesos de separación o divorcio para exponer su punto
de vista en el caso de sus padres. Ahora, sólo será potestativo del
juez. La intención es intentar suavizar la presión psicológica y los
malos tragos que padecen los más pequeños durante estos
procesos.
La regulación de la mediación familiar, sin
embargo, quedó aplazada. El debate fue pospuesto al trámite del
proyecto de ley en comisión, que ha quedado fijado para el próximo 6
de abril. Hasta entonces, el Grupo Socialista recabará apoyos para
regular la mediación en sentido global como fórmula de resolución
extrajudicial de conflictos y no sólo aplicable al derecho de
familia. La ponente y diputada popular Camen Malón señaló que su
grupo mantendrá las enmiendas relativas a la necesidad de establecer
la figura de la mediación familiar.
Una vieja aspiración
desde 1994
Los grupos también acordaron por unanimidad la
creación de un fondo de garantía para los casos de impago de
alimentos en procesos de disolución matrimonial. La enmienda,
presentada por CiU como disposición adicional al proyecto de ley,
determina que «el Estado garantizará el pago de alimentos
reconocidos e impagados a favor de los hijos menores de edad en
convenio judicialmente aprobado o en resolución judicial». La
creación del fondo se realizará con una legislación específica que
concretará el sistema de cobertura en dichos supuestos».
Se
trataba de una «vieja aspiración» de CiU que ha defendido su
implantación desde 1994 y a la que ya se comprometió el PSOE durante
la tramitación parlamentaria de la ley integral de lucha contra la
violencia de género.
Jordi Jané, portavoz de CiU en la
ponencia, dijo que por fin queda recogido en el Código Civil un
«derecho» como es la garantía del Estado frente al impago de
pensiones alimenticia, un acuerdo que «se incumple y que sufren los
hijos e hijas que no la reciben».
